Miembros de las universidades Autónoma de Chile y de Buenos Aires, junto a Ecosur y Grade, plantearon el establecimiento de una política pública específica para reducir el riesgo que producen los PAM.
Investigadores de las casas de estudios de Chile y Argentina realizaron una investigación sobre los pasivos generados por la industria que hoy no están regulados por ninguna legislación y que pueden constituir un riesgo tanto para los ecosistemas y la salud de las poblaciones circundantes, como también impactar negativamente la imagen del sector.
Tan solo en Chile existen más de 5.000 faenas mineras abandonadas o inactivas, por lo que representa una preocupación para el sector que realizó la propuesta.
Entre las recomendaciones presentadas están elaborar legislación específica para la gestión integral de PAM y levantar un registro de responsables de ellos; mantener actualizado el catastro de las faenas, la infraestructura minera y los relaves abandonados o cerrados de manera inadecuada en todo el país; evaluar las amenazas y los riesgos socioambientales asociados a la existencia de PAM, y catalogarlos según su nivel y tipo de riesgo.
