La propuesta, que buscaba que las normas constitucionales mineras den garantías suficientes para mantener un desarrollo sostenible de la industria, fue rechazada con 6 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones.
La Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico de la Convención Constitucional rechazó la Iniciativa Popular de Norma “Por una minería sustentable para Chile: comprometida con sus habitantes, sus territorios, el medio ambiente y los desafíos del cambio climático”, impulsada por la Red Compromiso Minero y que logró más de 24 mil apoyos populares.
Así, la iniciativa contó con 6 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. Esta IPN fue desarrollada en su conjunto por Compromiso Minero, red que cuenta con más de 90 adherentes del ecosistema minero entre los que se encuentran universidades, colaboradores, proveedores, agrupaciones de profesionales, ONG’s, emprendedores, startups, asociaciones, gremios, y empresas de la pequeña, mediana y gran minería.
La propuesta fue presentada por Joel Carrizo, presidente de la Asociación de Pirquineros de Tierra Amarilla, y Alejandro Canut de Bon, abogado, quien además es profesor y autor de textos en materia de minería y sustentabilidad.
“Lamentamos profundamente que esta iniciativa que abogaba por una minería sustentable, comprometida con una mejor distribución de lo que genera la minería en los territorios, el medio ambiente y consciente de los desafíos y deberes que implica el cambio climático, haya sido rechazada. Esta fue una de las Iniciativas Populares de Norma en minería que contó con mayor apoyo ciudadano, y surgió del consenso de diferentes visiones de los adherentes de la Red Compromiso Minero, especialmente en regiones”, enfatizó Joel Carrizo.
Por su parte, el abogado Alejandro Canut de Bon también lamentó el rechazo de la IPN e indicó que “es importante que la Nueva Constitución contenga normas que -junto con garantizar debidamente los intereses del Estado, el medio ambiente y las localidades- entreguen certeza al minero, a fin de que este pueda invertir en exploración y desarrollo de sus proyectos”.
Agregó que “sin derechos y obligaciones del concesionario minero, claramente fijados en la constitución o ley de quórum calificado; sin una duración de la concesión y sistema de amparo objetivo; y sin sistema concesional judicial, que otorgue y caduque concesiones en base a causales preestablecidas; es muy difícil fomentar inversión minería. Esperamos, no obstante, el rechazo de nuestra iniciativa, esto haya sido comprendido, y lo veamos reflejado en el texto constitucional de alguna forma al menos”.
