Según el Informe de Consumo de Energía en la Minería del Cobre 2024 de Cochilco, la actividad minera continúa elevando sus requerimientos energéticos, con fuerte concentración territorial y un uso creciente de electricidad de origen renovable.
El estudio basado en la Encuesta Minera de Producción, Agua y Energía (EMPAE), aplicada a 49 operaciones que representan el 98% de la producción de cobre fino del país, revela que en 2024 el sector consumió 199.452 terajoules (TJ). De ellos, 102.307 TJ corresponden a energía eléctrica y 97.145 TJ a combustibles. Los procesos más demandantes se localizaron en la minería a cielo abierto, las plantas concentradoras y las operaciones de lixiviación, que en conjunto explican más del 80% del uso energético. La distribución por tipo de energía muestra marcadas diferencias: mientras la mina rajo concentra la mayor parte del uso de combustibles, el consumo eléctrico se dirige principalmente a concentradoras, electro–obtención y sistemas asociados al uso de agua de mar.
Desde la mirada territorial, la Región de Antofagasta continúa liderando ampliamente el consumo energético del sector, superando los 116 mil TJ durante 2024 y representando más de la mitad del uso nacional tanto en electricidad como en combustibles. Le siguen Atacama, Coquimbo, Valparaíso y la zona centro del país, que en conjunto reúnen el resto de la demanda. Por tipo de operación, la gran minería privada mantiene la mayor participación, concentrando cerca de tres cuartas partes del total, mientras que Codelco aporta poco más de una cuarta parte y la mediana minería, tanto estatal como privada, registra niveles acotados.
El informe también destaca el avance en sostenibilidad. El 78% de la electricidad consumida por la industria provino de fuentes renovables en 2024, mientras que un 94% del sector califica como consumidor con capacidad de gestión energética bajo la Ley de Eficiencia Energética. Junto con ello, crece la incorporación de electromovilidad, especialmente en flotas livianas destinadas al transporte de personal, donde más de tres cuartas partes de las operaciones sujetas a la normativa ya cuentan con planes o iniciativas de movilidad eléctrica y de bajas emisiones.
